El Comité contra las Desapariciones Forzadas denunció el martes que los responsables del crecimiento de las desapariciones en México son los servidores públicos, tanto del ámbito federal, estatal y municipal, como el crimen organizado, al que considera perpetrador central de las desapariciones. 

Durante la presentación de su informe sobre la vista que realizaron del 15 al 26 de noviembre de 2021, el órgano de expertos independientes instó a tomar acciones inmediatas para acabar con la impunidad absoluta y a instaurar una política nacional que sirva para prevenir esta tragedia humana.

“El Comité urge al Estado a la adopción e implementación de una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones que aborde el conjunto de observaciones y recomendaciones presentadas en su informe por el Comité”, destacó su presidenta, Carmen Roda Villa Quintana.

El análisis del Comité concluye que las desapariciones forzadas son “una situación o cuestión generalizada” e indicó que a 26 de noviembre el número de personas registradas que fueron víctimas de ese delito ascendía a 95.121, 112 de ellas durante la visita del Comité.

“Entre el 2006 y el 2021 se produce un crecimiento exponencial de las desapariciones en el país. Esto es un 98% del total desapariciones que ocurrieron durante dicho periodo”, acotó.

Roda indicó que la mayoría de los desaparecidos son hombres de 15 a 40 años, aunque se advierte que las cifras oficiales reportan una creciente tendencia a la desaparición de niñas y niños a partir de los 12 años, aunque también se debe incluir a los adolescentes y a las mujeres.

La experta añadió que “se trataría de desapariciones que tendrían como objeto ocultar la violencia sexual, el feminicidio, la trata y la explotación sexual”.

También mostró su preocupación por la desaparición de los defensores de los derechos humanos y de más de 30 periodistas entre el 2003 y el 2021, ya que “ninguna de estas personas ha sido localizada y las investigaciones y las sanciones a los responsables no han tenido avances”.

Del mismo modo, el Comité consideró de “particular preocupación” la victimización de las mujeres ya que durante las desapariciones son las que se quedan a cargo de las familias y se encargan de la búsqueda de sus seres queridos por sus propios medios.

“Además de los efectos sociales y económicos, son también víctimas de violencia, persecución, estigmatización, extorsión y represalias”, añadió.

La impunidad es un fenómeno estructural

Otro de las alarmantes tendencias que refleja el informe es que la tendencia al aumento de las desapariciones fue facilitada por la existencia de una impunidad “casi absoluta”

“La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto”, dijo el Comité.

Hasta el 26 de noviembre del año pasado, solo se judicializó entre el 2 y el 6% de los casos de desapariciones forzadas y a nivel nacional solo se han emitido 36 sentencias en los casos dedicados a este delito.

“La actitud pasiva de las autoridades frente a las desapariciones forzadas contribuye a la notable falta de confianza de las víctimas en las autoridades. Frente a ello, un alto número de casos de desapariciones no son denunciadas”, resaltó.