Ciudad de México. 8 de abril del 2019.- En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud, enfocado este año a la salud universal, bajo el lema “Salud universal: para todos y todas, en todas partes”, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) señala en el documento Estudio Diagnóstico del Derecho a la Salud 2018 que, a pesar de los avances registrados en los últimos años en garantizar este derecho, es necesario avanzar hacia el acceso oportuno, asequible y con calidad para todas las personas en el país.

Entre 2008 y 2016 la carencia por acceso a servicios de salud, medida como falta de afiliación, se redujo 22.9%; al pasar de 38.4% en 2008 a 15.5% en 2016. Pese a esto, 19.1 millones de personas aún no contaban con acceso a servicios de atención médica.

La carencia por acceso a servicios de salud es la privación que más se ha reducido en los últimos años. Sin embargo, en México aún hay 172 municipios donde una de cada cuatro personas o más tienen esta privación. Estos municipios se encuentran distribuidos en 18 entidades del país, entre las que destacan Oaxaca, Michoacán, Puebla, Veracruz, Estado de México y Chiapas.

En conjunto, estos municipios concentran a 2.1 millones de personas que no pueden ejercer su derecho a la salud conforme lo mandatan los ordenamientos de la Constitución y la Ley General de Salud, toda vez que no están adscritas a alguna institución de seguridad social o al Sistema Nacional de Salud, o no conocen que cuentan con el acceso.

Adicionalmente, cuando enfrentan problemas de salud, ocho de cada diez personas carentes de acceso a servicios de salud llegan a pagar por al menos un rubro relacionado con la atención de sus padecimientos. Las consultas y los medicamentos son los conceptos por los que se paga con más frecuencia.

En este último caso, prácticamente todos los pagos (94.5%) se realizan en servicios médicos privados, una alternativa a la que incluso la población con derechohabiencia recurre, ante la percepción de falta de calidad u oportunidad de los servicios públicos.

La esperanza de vida al nacer pasó de 34 años en 1930 a 75 años en 2016 (INEGI, s.f.), pero aún es una de las más bajas entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la cual se ubica alrededor de los 80 años (OCDE, 2017).

Entre 2010 y 2016, ha bajado la proporción de hogares cuyos integrantes tardarían más de dos horas en llegar a un hospital en caso de una emergencia (3.7 a 2.1 respectivamente) (CONEVAL, 2017b).

En cuanto a la accesibilidad económica, México fue el tercer país entre los miembros de la OCDE con menor gasto total en salud en 2016, 5.8% contra 9% del PIB promedio (OCDE, 2018).

El gasto público en salud de México fue de 3% en 2016, el más bajo entre los países de la OCDE con 6.5% promedio (OCDE, 2018).

En este mismo año (2016), el gasto privado de México en salud fue el segundo más alto entre los países de la OCDE (OCDE, 2018): 41.4% fueron erogaciones directas de las familias mediante gasto de bolsillo y 6.5% de aseguramiento privado.

Los recursos disponibles no siempre se usan de la forma más eficiente y equitativa, probablemente como consecuencia de la fragmentación del sistema de salud.

Además, existe una coordinación limitada para recaudar ingresos adicionales y que garantice la asignación equitativa entre las distintas instituciones (OCDE, 2016).